Pólizas de Garantía en Contratación Pública Colombia 2026

Es un contrato de seguro mediante el cual una aseguradora se compromete a responder ante la entidad pública si el contratista incumple sus obligaciones. Es obligatoria por mandato de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. Su propósito es proteger el patrimonio público y garantizar la continuidad de las obras y servicios contratados. Sin garantías aprobadas, el contratista no puede iniciar la ejecución.

Los amparos principales según el Decreto 1082 de 2015 son: 1) Cumplimiento del contrato (el central, siempre exigido); 2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo (solo si hay anticipo); 3) Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; 4) Estabilidad y calidad de la obra (construcción) o calidad del bien/servicio; 5) Responsabilidad civil extracontractual (actividades con riesgo a terceros); 6) Correcto funcionamiento de los bienes (suministros). Los pliegos indican cuáles aplican para cada contrato.

El monto asegurado de cumplimiento es generalmente 20%-30% del valor del contrato (según pliego). La prima anual de la aseguradora está entre el 1.5% y 4% del monto asegurado. Para un contrato de $500 millones con cumplimiento del 20% ($100 millones), la prima anual estaría entre $1.5 y $4 millones. Empresas sin historial o con baja capacidad financiera pagan más o requieren contragarantías (hipoteca, fianza de socios).

La seriedad de la oferta garantiza que el proponente firmará el contrato si resulta adjudicatario. La entidad puede hacerla efectiva si el proponente: retira o modifica su oferta después del cierre, no firma el contrato en el plazo establecido, o no presenta la garantía única en el término exigido. Si el proponente no gana la licitación, la póliza simplemente vence. El monto lo define el pliego, usualmente 10% del presupuesto oficial. (Decreto 1082/2015, Art. 2.2.1.2.3.1.5)

El mínimo legal es 5% del valor del contrato. Sin embargo, la mayoría de entidades fijan en sus pliegos un mínimo de 200 SMMLV = $350.181.000 en 2026 (SMMLV 2026: $1.750.905, Decreto 1469 de 2025). Este amparo aplica cuando las actividades pueden causar daños a terceros: obras en vía pública, demoliciones, excavaciones, transporte de carga, maquinaria pesada. No aplica para contratos de oficina o servicios sin riesgo a terceros.

El amparo de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones debe estar vigente durante todo el plazo de ejecución MÁS 3 años adicionales. Los 3 años corresponden al término de prescripción de las acciones laborales en Colombia: un trabajador puede demandar hasta 3 años después de terminada la relación laboral. (Art. 488 Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1082 de 2015)

Son conceptos con tratamiento legal y de garantías completamente distintos. El anticipo es un adelanto que pertenece al Estado — el contratista lo recibe para iniciar y va amortizándolo con la ejecución; requiere póliza de buen manejo al 100% del anticipo. El pago anticipado es el pago por trabajo ya ejecutado antes de la verificación formal; pertenece al contratista desde que lo recibe. Un mismo contrato no puede tener anticipo y pago anticipado simultáneamente. (Ley 1150/2007, Art. 91)

Están exentos de garantías: contratos interadministrativos (entre entidades públicas), contratos de empréstito con banca multilateral, contratos de mínima cuantía cuando la entidad así lo establezca en la invitación, algunas causales de contratación directa (urgencia manifiesta), y contratos con organismos de cooperación internacional (PNUD, OIM). La exención siempre debe estar expresamente establecida en el documento contractual.

Si el adjudicatario no presenta la garantía única en el plazo establecido (generalmente 3 días hábiles): la entidad puede revocar la adjudicación, hacer efectiva la póliza de seriedad y adjudicar al siguiente proponente. Durante la ejecución, una póliza vencida puede generar suspensión inmediata, imposición de multas y declaratoria de incumplimiento. Nunca inicie actividades sin que la entidad haya aprobado formalmente la garantía. (Ley 80/1993, Art. 60)

Sí, pero con condiciones más exigentes. Las aseguradoras evalúan: patrimonio neto, activos líquidos, flujo de caja, relación deuda/patrimonio, y experiencia en el sector. Para contratos grandes pueden exigir contragarantías (hipoteca sobre inmuebles, prenda sobre bienes, fianza personal de los socios). Para contratos de mínima cuantía o valores pequeños los requisitos son más flexibles. Mantener buen historial de pagos y patrimonio sólido facilita el acceso a mejores condiciones de aseguramiento.